El senador independiente Bernie Sanders y el representante demócrata Greg Casar presentaron el 23 de septiembre de 2026 la "Ban Artificial Superintelligence Act", una de las propuestas regulatorias más agresivas hasta ahora en el Congreso de EE.UU.: prohibición permanente de la superinteligencia artificial, pausa obligatoria del desarrollo avanzado de IA y creación de un nuevo departamento federal para supervisarlo.
El texto, según los comunicados de prensa de la oficina de Sanders y de Casar, tiene tres componentes centrales. Primero, prohíbe de forma permanente el desarrollo y despliegue de sistemas de IA que superen el desempeño cognitivo humano ("superinteligencia"). Segundo, ordena una pausa temporal en el desarrollo de IA avanzada hasta que se cree un nuevo Departamento de Inteligencia Artificial a nivel de gabinete, liderado por un secretario de IA, con potestad para establecer reglas de seguridad antes de que ese desarrollo pueda reanudarse. Tercero, obliga a Estados Unidos a impulsar acuerdos internacionales para evitar que la superinteligencia se desarrolle en cualquier otro país.
Más allá de la superinteligencia como categoría general, la propuesta apunta a capacidades específicas consideradas de riesgo inmediato: la capacidad de un sistema de IA de ayudar a desarrollar armas biológicas o químicas, y la capacidad de que una IA desarrolle nuevos sistemas de IA sin supervisión humana directa —es decir, el escenario de auto-mejora recursiva sin intervención humana en el ciclo.
La parte más citada por medios como NBC News y The Hill es el régimen de sanciones: violar la ley conllevaría lo que los propios legisladores llaman la "pena de muerte corporativa" —disolución forzosa de la empresa responsable— además de hasta 20 años de prisión para los individuos involucrados. Sanders ha comparado explícitamente esta penalidad con la que existe hoy para la construcción no autorizada de armas nucleares, un encuadre deliberado para señalar el nivel de riesgo que la propuesta atribuye a la superinteligencia.
Sanders y Casar enmarcaron explícitamente la propuesta en el contexto de "hackeos autónomos" de agentes de IA reportados en 2026 —una referencia directa a los incidentes de coordinación no autorizada de agentes que han generado alertas de seguridad durante el año. La propuesta llega además en medio de un debate regulatorio más amplio en EE.UU., donde la administración federal ha impulsado en paralelo una postura de desregulación en foros como el G20, generando una tensión visible entre el Congreso y el Ejecutivo sobre el rumbo de la política de IA del país.
Aunque la probabilidad de aprobación inmediata es baja, la propuesta es la evidencia más reciente de que el margen político para una regulación dura de la IA sigue creciendo en Washington, alimentado por los propios incidentes de seguridad de agentes que las empresas de IA han reportado este año. Ninguna disposición de esta ley afecta hoy las operaciones de una empresa típica que usa LLMs o agentes en producción, pero el patrón importa: cada nuevo incidente de agentes fuera de control alimenta directamente propuestas cada vez más restrictivas. Las organizaciones que ya documentan su gobernanza de agentes, controlan el acceso a herramientas y auditan el comportamiento autónomo no solo reducen su riesgo operativo hoy, sino que llegan mejor preparadas si algún día un régimen de reporte obligatorio como el que propone esta ley —o una versión más moderada de él— efectivamente se aprueba.
Carlos Montiel es arquitecto de soluciones IA empresarial. Implementa LLMs, Agentes, RAG y orquestadores en empresas de Guatemala y Latinoamérica. Contáctalo para una consultoría.
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